El régimen practicó una política de fuerte intervención económica, controlando todos los sectores productivos y supervisión de las actividades económicas, dando subvenciones públicas a empresas nacionales, protegiendo la producción industrial y agraria mediante el reforzamiento del sistema arancelario y creando los monopolios de Telefónica, CAMPSA y Iberia, medidas que, aunque resultaron en una disminución de huelgas, finalización de obras públicas y aumento de la producción, supusieron una excesiva deuda para el Estado, beneficiando mayoritariamente a los grandes grupos capitalistas españoles El desarrollo económico fue favorecido por la coyuntura de recuperación económica general de toda Europa.